En INALDE se viene trabajando en una estrategia sectorial que busca poner el agro en el centro de la discusión de política pública del país, por considerar que este sector representa una oportunidad de oro para el desarrollo del país, particularmente, de sus zonas más atrasadas. Por esto, en el documento “Recomendaciones para el Fortalecimiento del Sector Agrícola en Colombia: Una Mirada desde el Sector Privado”, se plasmaron algunas propuestas encaminadas en este sentido, como resultado de un trabajo conjunto de un grupo de personas que, desde el sector privado, expresaron sus observaciones respecto de algunos de los principales retos que aquejan al sector agrícola del país, y el cual fue presentado al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea. En el presente artículo se resaltan las propuestas y hallazgos de esta investigación relativos a las acciones estructurales más imperativas y apremiantes para potenciar y desarrollar ventajas competitivas en los diferentes subsectores agrícolas en el mediano y largo plazos.
INSTITUCIONALIDAD PARA LA ATRACCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN
Unidad Agrícola Familiar
Es bien sabido que la medida de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) está en mora de ser repensada. Este instrumento se ha convertido en una barrera para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas. En su concepción original se ponía al pequeño empresario agrícola en el centro de la política agrícola nacional, lo que tiene sentido cuando se piensa en la producción de algunos vegetales y hortalizas donde la propia productividad está asociada al modelo familiar del manejo de estos cultivos, pero ha resultado en una talanquera para el desarrollo del sector en otras áreas.
Poner un límite máximo a una extensión agrícola para garantizar la existencia de pequeños productores no solo es innecesario, sino que limita las posibilidades de desarrollar proyectos productivos a escala, acorde con la competitividad que exigen los mercados globales. La UAF fue concebida con un criterio de un área mínima que se requiere para ser productivo bajo determinadas características de suelo, pero la productividad ha cambiado mucho desde que se concibió el instrumento en 1961 y, por tanto, hoy no es una unidad técnicamente correcta En últimas, es claro que la unidad de medida de la UAF no debe estar en función del tamaño de la tierra. Por esto se propone que se tengan en consideración a otros elementos para que realmente se garantice la existencia de pequeños agricultores que obtienen su sustento de tierras que pueden poner a producir por sus propios medios. Para esto, se deben ofrecer bienes públicos de calidad según el tipo de producto que se esté cultivando, como es el caso de vías terciarias en algunos casos o distritos de riego en otros que lleven a mejorar en las eficiencias del pequeño campesino. Pero lo que más hace falta para potencializar el desarrollo de los pequeños productores es orientación y acompañamiento para lograr la coordinación de la vocación de la tierra con el interés del productor. Y esto no puede ir en detrimento del progreso agroindustrial, este último se debe potenciar permitiendo el desarrollo a gran escala de las áreas no explotadas, sin excluir la posibilidad de impulsar, simultáneamente, los dos modelos de producción agrícola.
La existencia de la UAF ha acarreado dificultades para poder transar libremente en el mercado colombiano de tierras, trayendo consigo inseguridad jurídica al campo. Adicional, se limita la posibilidad de que agentes privados adquieran tierras para conservación de territorios, por razones de biodiversidad, por ejemplo, porque la definición misma de la UAF va en contravía con el interés de mejorar el bienestar de los campesinos y sus familias, cuando el primer tipo de iniciativas podrían resultar más estratégicas para el país que el segundo. En este sentido, se propone seguir adelante con el proyecto de ley en curso que modificaría la Ley 160 de 1994 (Ley 1766). El sentimiento general es que los conceptos jurídicos que se proponen en el mismo son adecuados para sobrellevar las dificultades que por décadas trae consigo la definición de las UAF.
Se recomienda además que se vele porque los inversionistas privados encuentren los incentivos adecuados en seguridad jurídica que les permita hacer las inversiones en infraestructura que requieren los proyectos de gran escala. En este tipo de proyectos el inversionista muchas veces no necesita que el Estado le provea ciertos bienes públicos, sino que él mismo pueda efectuar las inversiones necesarias para desarrollar sus proyectos, trayendo consigo externalidades positivas para los demás productores de la región. Para esto se necesita tener un mapa general de lo que sucede en el territorio y definir, claramente, el progreso agrícola que se pretende tener en cada zona para su desarrollo a mediano y largo plazos. Asimismo, se considera que el país debe diferenciar entre sus tres pisos térmicos y sus potenciales usos para determinar, eventualmente, una unidad agrícola familiar sostenible, dependiendo del uso específico del bien y que permita la sostenibilidad económica de una descendencia dedicada a su producción.
Propiedad y titulación de tierras El adecuado registro y los consecuentes títulos de propiedad de la tierra son quizá los instrumentos más eficientes para lograr el mejor desarrollo de las actividades económicas rurales. Estos derechos de propiedad generan las condiciones necesarias para que productores agrícolas aprovechen el suelo como un factor productivo que contribuya a la generación de riqueza y a la estabilización socioeconómica y de seguridad de las regiones. Por lo anunciado es imprescindible tener derechos claros sobre la tenencia del terreno y seguridad jurídica para las inversiones que se hagan en él.
Se propone la implementación de una política de formalización masiva de predios rurales y de registro de resoluciones de adjudicación de baldíos, una vez se adelante un inventario global de estos últimos en todo el país.
Se aconseja adelantar una adecuada gestión de las tierras de la nación a través de un único proceso agrario, con su correspondiente jurisdicción, ejerciendo el Gobierno su autoridad en el mercado de predios.
Para esto será necesario acelerar la política de restitución como una de las claves para avanzar a la reparación de las víctimas y el desarrollo rural sostenible. Adicional, se propone la implementación de una política de formalización masiva de predios rurales y de registro de resoluciones de adjudicación de baldíos, una vez se adelante un inventario global de estos últimos en todo el país.
De otro lado, se recomienda hacer un proceso de actualización del catastro rural que incluya, además, la definición de los derechos de propiedad de estos predios rurales, con base en los instrumentos planteados por la Política Pública de Catastro Multipropósito.
Normatividad de baldíos
En línea con lo consignado en el apartado anterior, para las problemáticas en torno del tema de baldíos, se sugiere apoyar la reforma a la Ley 160 (Decreto 1766), pues se considera que va en el sentido correcto. Se propone, adicional, aprovechar el interés de INALDE en estos temas para convocar desde esta escuela un foro con los integrantes de la Comisión 5 del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para hacerles una presentación objetiva e informada sobre la situación del sector agrícola colombiano. De hecho, INALDE viene haciendo un ejercicio de este tipo con el senador Alejandro Corrales, y del cual se augura que este podría ser un mecanismo de comunicación entre la academia y el sector público que se debería explorar decididamente.
No obstante, aunado a los temas de titulación, los límites máximos de adjudicación de baldíos estipulados hoy en la ley limitan, de igual manera, los desarrollos a gran escala que se podrían dar en estos territorios, en particular, en zonas como la altillanura.
Se propone, entonces, que la adjudicación de baldíos se pueda dar para grandes extensiones a favor del desarrollo de grandes proyectos que generarían beneficios para muchas personas en la región, con base en un levantamiento catastral técnicamente riguroso.
APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS Y PROYECTOS ASOCIATIVOS
Problemas estructurales de las cadenas productivas
El éxito de los modelos asociativos y de alianzas productivas ha sido ampliamente probado, particularmente, en el sector palmero. Sin embargo, durante la última década la inercia conseguida durante los años previos se ha venido perdiendo.
Por esto es importante pensar en mecanismos e instrumentos para que las alianzas productivas recobren su vigor. El modelo, así y como ha sido desarrollado en el sector palmero, permite organizar y ordenar la producción y compra del fruto de la palma de aceite por parte de pequeños cultivadores y plantas extractoras, respectivamente. Con esto, además de ventajas en la comercialización y los precios para los productores, se han conseguido importantes avances en investigación y transferencia de tecnología para los pequeños productores. Adicionalmente, los productores se benefician de asesorías para titulación de tierras, manejo de cultivos y prácticas de cosecha, además de llegar a ser sujetos de financiación directa o a través de cooperativas u otras formas empresariales, como es el caso de las operaciones de Manuelita. Por ser un modelo que ha demostrado con creces sus ventajas, se recomienda hacer extensivo su uso a otros sectores y promocionarlo decididamente desde el Gobierno.
Se propone que se implemente un sistema de tipo ‘ancla’ para que haya un productor o comercializador que jalone al resto del mercado, tal y como funciona hoy en Perú. Así, productos con alta demanda, pero para los cuales las alianzas productivas no operan de forma robusta, como, por ejemplo, el maíz, permiten desarrollar proyectos que favorezcan suplir esas demandas e incluso llegar a fomentar su exportación.
La Unidad de Restitución de Tierras tiene entre sus objetivos el apoyo a proyectos asociativos, se sugiere que se haga una evaluación de los mismos para entender los factores de éxito detrás de las iniciativas de mayor viabilidad.
Se aconseja adelantar una adecuada gestión de las tierras de la nación a través de un único proceso agrario, con su correspondiente jurisdicción, ejerciendo el Gobierno su autoridad en el mercado de predios.
También se debe velar por que haya cercanía entre los productores para favorecer la comercialización de sus productos, por ejemplo, propiciando mecanismos de diálogo. Es aconsejable aglutinar vecindades rurales homogéneas en redes que permitan encontrar, además de la comercialización, beneficios como economías de escala, servicios integrados de asistencia técnica, logística asociada por vecindad, marcas con sellos de denominación de origen y garantía de calidad sostenible, entre otros. Se propone examinar el modelo holandés de cooperativas, en el que el productor optimiza la eficiencia del cultivo al tiempo que negocia con una comercializadora de la que es, a su vez, accionista. En la medida en que los pequeños productores se asocian, las ganancias en logística son sustanciales. En la comercialización hay muchos costos ocultos por la existencia de intermediarios que no agregan valor, pero incrementan los precios del producto final.
Por ejemplo, en la compra de insumos, el poder de negociación es mayor entre más volumen del producto se negocie e incluso se puede llegar a participar en licitaciones, con lo que se consiguen codificaciones directas con los grandes laboratorios.
Así, a partir de las asociaciones, se puede llegar al mercado con posiciones de gran productor y, por tanto, con las ventajas que esto implica.
Otro modelo que se aconseja analizar para buscar la forma de apropiarlo a la realidad colombiana es el de los grupos CREA, en Argentina, una iniciativa que hoy cuenta con más de 2000 empresas agropecuarias vinculadas, mediante un mecanismo en el que se conforman grupos de amigos pares que se reúnen una vez al mes en el terreno productivo de uno de ellos, para recorrerlo y discutir, como un grupo de asesores, aspectos de mejora. Esta es una estrategia sencilla, pero de gran alcance que se propone se incentive desde el propio gobierno.
Asimismo, se sugiere la creación de mecanismos que permitan hacer la trazabilidad de los productos de los diferentes asociados, pues esto es cada día más necesario para garantizar la sostenibilidad de estas estructuras. Por este motivo hará falta el registro diario de las actividades del empresario agropecuario, lo que implica una cultura de registro, prácticamente, inexistente en la mayoría de pequeños y medianos productores. Por el lado de los productores, es importante que haya más colaboración en la parte técnica y de comercialización para favorecer los procesos de contratación y llegar a acuerdos de largo plazo. Se propone replicar experiencias como la adelantada por ProColombia bajo el nombre Consorcios, así como tomar como modelo el desarrollo del Grupo CREA en Argentina, y las experiencias en asociatividad desarrolladas en Italia. Es recomendable acompañar estos mecanismos con procesos piloto replicables de lead by example para mostrarle al productor que estas alianzas son provechosas, así como lo hace en sus iniciativas ProColombia.
También se aconseja acompañar a los productores en la consecución de sellos de calidad. Es importante adoptar prácticas como las estipuladas por el modelo de Global GAP para productos de consumo humano y así fortalecer el concepto y cultura alrededor de buenas prácticas. Es bien sabido que los sellos hacen que las empresas se vuelvan más organizadas, más allá de los frutos comerciales que estos traen, y generan diferenciación por parte de los productores, a la vez que propenden por la formalización de sus empresas. Las certificaciones que se den a partir de alianzas pueden, de paso, romper con los celos naturales que existen entre los productores, y enviar un mensaje de que el beneficio es para todos. La confianza entre los miembros de una alianza productiva es pilar fundamental, por esto se debe trabajar en fomentarla. La propia administración de estas asociaciones y de las pequeñas empresas que las componen puede ser centralizada, vinculando tanto a los asociados que buscan tener una renta fija, como a los que prefieren una variable, o para la adquisición de tierras, entre otras. Una administración centralizada facilita el manejo de estos distintos intereses y, por tanto, se propone que se adelanten esfuerzos para dar a conocer estas ventajas y favorecer las formas de administración.
Sería deseable que una sinergia entre el ministerio de Agricultura, MinTIC y el ministerio de Ciencia aprovechara desarrollos y plataformas ya probadas como la de Ingreso Solidario para llevarles conocimiento y crédito a los agricultores.
Logística y tecnología
Las dificultades propias de la inadecuada infraestructura de transporte a lo largo y ancho del país son bien conocidas, particularmente, en las zonas más remotas. Así, los productores agrícolas se ven enfrentados al problema de tener que acudir al mercado local para vender sus productos, dado que se les dificulta sacarlos de forma competitiva y a mejores precios. Por tanto, y dadas las características geográficas de nuestro país, se recomienda impulsar decididamente la construcción, adecuación y modernización de vías terciarias.
De otro lado, se propone la creación de centros de normalización de la calidad agrícola y pecuaria por microrregiones definidas (como las establecidas en el modelo de Alhondigas en España) para facilitar negociaciones de artículos estandarizados en subastas públicas en origen y mejorando así el ingreso del productor y llegando al mercado con un precio inferior en esas zonas remotas. Aunado a lo anterior, la disponibilidad de bodegas se muestra igualmente muy relevante. Al haber un comercializador ‘ancla’, se les puede poner a disposición de los pequeños negociantes bodegas de distribución, con personal capacitado y organizadas en células productivas, de forma que ellos sientan confianza para dejar su producción en comodato, emulando de nuevo el modelo de Alhondigas.
Adicional, se propone desarrollar bancos de maquinaria, tal como funciona en Argentina, por ejemplo. Este tipo permite utilizar la tecnología en su punto de eficiencia, no solo para la compra y utilización, sino también para el mantenimiento.
De este modo, en lugar de que solo algunos grandes tengan maquinaria, muchas veces subutilizada, los pequeños que no puedan adquirirla puedan acceder a ella.
Hacia una política agrícola moderna
La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización y acceso a la información de la población vulnerable. Por ejemplo, Ingreso Solidario mostró que se puede llegar a la gente con eficacia y sin mayor burocracia mediante el uso oportuno de la información.
Sería deseable que el ministerio de Agricultura, en el marco de esas sinergias que se buscan con otras entidades del estado como el ministerio de las TIC y el ministerio de Ciencia aprovechara estos desarrollos y plataformas ya probadas como la de Ingreso Solidario para llevarles conocimiento y crédito a los agricultores.
Es necesario explorar alternativas modernas de acceso a la información y, de paso, a la financiación, mediante el uso de Fintech. Esta es una herramienta muy útil para llevar financiamiento al sector rural, como se viene aplicando en algunas regiones de África.
Pero más allá de esta ventaja, con este tipo de herramientas los pequeños productores pueden obtener acceso a información sobre los diferentes precios en los mercados relevantes para cada productor, según la cercanía geográfica. Se recomienda desarrollar una aplicación para telefonía móvil en Colombia que funcione como una red social de productores que voluntariamente suministren la información de los precios a los que están vendiendo sus productos y comprando sus insumos, para que de esta manera se privilegie la transparencia en la información y se llegue a mejores tomas de decisiones. El desarrollo de esta aplicación se podría hacer por medio de un concurso que invite a los programadores e innovadores a enviar propuestas con el incentivo de que el Gobierno financie la iniciativa ganadora.
