Propuestas y hallazgos de la investigación realizada por INALDE que devela las acciones más apremiantes, necesarias para potenciar y desarrollar ventajas competitivas en los diferentes subsectores agrícolas colombianos.
En días pasados concluyó un esfuerzo de INALDE por elaborar propuestas que redunden en el mejoramiento del sector agrícola de Colombia, las cuales se plasmaron en el documento “Recomendaciones para el Fortalecimiento del Sector Agrícola en Colombia: Una Mirada desde el Sector Privado”. Estas propuestas son el resultado de un trabajo conjunto de un grupo de personas que, desde el sector privado, expresaron sus observaciones con respecto de algunos de los principales retos que aquejan al sector agrícola del país, y que fue presentado al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea.
El desarrollo del sector agrícola colombiano es un elemento fundamental tanto de la estrategia de crecimiento del país como de la prosperidad de sus zonas rurales y, por tanto, de la estabilidad y construcción de paz que se viene dando en esos lugares. Por esto, el denominador común del presente trabajo es plantear posibles soluciones a las dificultades del agro colombiano desde una perspectiva de construcción de país. En este sentido, la motivación parte de un interés general, entendiendo el agro como una cadena de valor que debe ser examinada en su conjunto. Se parte de concebir la producción, transformación y comercialización de bienes agrícolas como un sistema que se enmarca y se relaciona con otros como la salud, el medio ambiente, el comercio internacional, la seguridad alimentaria y la actividad empresarial. En esta visión holística reposa, en buena medida, el espíritu constructivo que desde su origen permeó esta iniciativa.
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR REQUIERE DE ATENCIÓN OPORTUNA
Durante las primeras dos décadas del presente siglo, previo a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la economía colombiana evidenció tasas de crecimiento estables y relativamente altas frente a otros países de Latinoamérica. Paralelamente, los avances en seguridad nacional y la construcción de paz en las zonas rurales han venido generando un ambiente propicio para la actividad económica. Estos dos elementos trajeron importantes adelantos en términos de reducción de la pobreza y de disminución de las desigualdades económicas en el interior del país, aunque los mismos estuvieron jalonados, principalmente, por la ampliación de programas sociales más que por mejoras en las tasas de empleo formal.
Por otra parte, aunque el sector agrícola muestra tasas de crecimiento positivas, estas han resultado inferiores a las del producto interno bruto (PIB).
Asimismo, la incorporación de nuevas áreas para la producción agrícola nacional presenta un bajo
dinamismo; la productividad del sector, medida como los rendimientos por hectárea sembrada, viene creciendo a una tasa inferior a la de Chile y Perú; y las exportaciones de productos agropecuarios no han incrementado su peso relativo en la balanza comercial del país y la canasta exportadora agrícola sigue mostrando un bajo nivel de diversificación.
De otro lado, de acuerdo con la información contenida en el Documento Conpes 3926, aunque el país cuenta con 18,4 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria con potencial para ser desarrolladas, se estima que solo 1,1 millones de hectáreas cuentan con tierras debidamente adecuadas para este propósito.
Esto representa una cobertura del 6 %, muy inferior a la de otros países latinoamericanos como México, con un 66 %; Chile, 44 %; Perú, 40 %; Brasil, 18 %; y Argentina, 15 %. En Colombia, cerca del 60 % de los municipios se ubican en la ruralidad, donde habita el 25 % de la población del país. Asimismo, una tercera parte pertenece a la categoría de Inclusión Social y Productiva definida en el actual Plan Nacional de Desarrollo, categoría que implica que este sector tiene acceso a servicios sociales básicos y en cuyos hogares al menos un miembro genera ingresos superiores a los que definen la línea de pobreza. El resto del rural, unos 10 millones de colombianos, pertenece a la categoría de Inclusión Social No Productiva o está totalmente excluido de programas de servicios sociales como de capacidades productivas.
La posibilidad de cambiar esta ardua situación es real e imperativa; hoy existen grandes posibilidades de desarrollo que no se deben desaprovechar.
Para esto es imprescindible emprender, lo antes posible, labores de mejoramiento en muchos frentes.
Se requiere promover el agro con una visión de desarrollo empresarial para que se entienda como el componente principal de la cadena alimentaria y de salud.
ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL AGRO
Existe un amplio consenso en que el foco de atención de las mejoras en la institucionalidad del sector debe pasar por una reestructuración del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). La percepción general sobre esta entidad es la de una agencia de tipo policivo más que de apoyo, que es su función principal. Es por esto que el Gobierno se propone hacer de esta un organismo que sostenga la generación de negocios en Colombia y que colabore con las empresas del sector para lograr las eficiencias que buscan replicar experiencias internacionales. En este sentido, se recomienda que el ICA se enfoque en conocerlas con el propósito de ponerlas en práctica dentro del territorio nacional.
Hoy el ICA se muestra como una institución lenta en sus procesos de expedición de permisos para la importación de tecnologías altamente probadas en el exterior y que no se producen localmente. Por esto, se propone dar celeridad a estos trámites.
Hoy se propone que se hagan todos los esfuerzos necesarios para invertir en investigación y desarrollo el 1,5 % del PIB Sectorial en un horizonte no mayor a cinco años.
Gobernanza técnica
No obstante, la estructura del gobierno corporativo del ICA merece una mención especial, pues se percibe a esta institución como un ente orientado más por criterios políticos que técnicos. Por tanto, se recomienda velar por una gobernanza técnica, buscando más participación en su junta directiva de expertos independientes y empresarios con excelente reputación en el sector y conocedores internacionales de carácter científico. De otro lado, los aspectos financieros del ICA también surgieron como un área en la que debe haber modificaciones. Hoy el ICA cobra por los servicios que presta, y en la medida en que este portafolio de servicios se ha ampliado, estos ingresos se han convertido en un componente importante de su estructura de ingresos, y, por tanto, fundamentales para la operación de esta institución.
Pero el deber de ser de estos servicios no es el de financiar el funcionamiento del ICA, sino el de buscar otras fuentes de financiamiento y que no se transfiera esta carga al empresario.
Ciencia, tecnología y financiación.
Existe un sentimiento generalizado de que Colombia carece de una institucionalidad adecuada para el aprovechamiento de la adopción de tecnología. Se sugiere adoptar esquemas como el empleado por las empresas brasileñas Embrapa, Emater y Anater. Actualmente hay falencias en la evaluación de necesidades del productor para diseñar la oferta tecnológica que se le va a brindar y en este sentido es notoria la ausencia de mecanismos para cubrir las necesidades de la ‘última milla’. Es necesario apartarse de la falsa dicotomía entre investigación básica y aplicada, adoptando un enfoque de horizontes de investigación que involucre diferentes plazos y riesgos.
También se considera necesario utilizar dispositivos de innovación basados en fallar rápidamente, en lugar del uso de esquemas de investigación incrementales que siguen probando tecnologías con baja probabilidad de adopción o impacto. El enfoque de falla temprana permite descartar alternativas de solución a un problema técnico optimizando el tiempo y costo de la investigación.
A pesar de las mejoras logradas para capturar las necesidades de las cadenas como insumo del proceso de investigación, aún persiste la sensación de que la agenda de investigación está alejada de las necesidades del sector. Por tanto, es necesario considerar la forma en que tecnologías disruptivas o problemas emergentes del sector van a ser incorporados en la agenda de investigación, dado que pueden estar por fuera de la visual de la cadena productiva.
Asimismo, se recomienda incorporar el mercadeo a la investigación científica y replicar las iniciativas que en este sentido han impulsado los centros de investigación de subsectores como café, palma, caña y flores, los cuales han mostrado ser muy pertinentes en el cubrimiento de la ‘última milla’ con un modelo de financiación del propio subsector que podrá ser replicado en otros subsectores. Un caso para resaltar es el de la empresa porcícola La Fazenda, una iniciativa privada que logró encauzar a las partes interesadas y alcanzar el éxito en todos los eslabones de la cadena de producción. Otro hecho que amerita ser expuesto es el del uso de controladores biológicos.
En Colombia la adopción masiva de esta tecnología no se ha dado a pesar de llevar más de veinte años de desarrollo internacional. En consecuencia, y en línea con las tendencias del mercado y el imperativo de sostenibilidad, es importante que el país avance en el uso de agentes de control biológico que puedan reemplazar y complementar el uso de productos químicos, sin afectar la productividad de los cultivos.
Las conexiones entre la academia y la empresa privada son hoy, más que nunca, vínculos que se deben fortalecer en el sector agrícola.
No obstante es imprescindible rediseñar los mecanismos de financiación de proyectos agrícolas.
La tradición de someter la aprobación de créditos a la tenencia de un colateral que respalde la deuda deja por fuera del sistema de financiamiento a muchos productores que no logran obtener el aval para un préstamo. Por otro lado, el financiamiento para pequeños productores en Colombia es de asistencia, algo válido dada nuestra realidad, pero hoy hacen falta otras líneas con el foco puesto en el desarrollo del sector para lograr encadenamientos productivos.
Se propone que exista una línea de acceso a crédito agrícola fundamentada, plenamente, en la viabilidad económica de los proyectos, como funciona en los Países Bajos donde el Estado participa como accionista de los proyectos mientras los mismos alcanzan cierto nivel de madurez. Esta estructura ha demostrado los beneficios del financiamiento como herramienta de transformación económica y social en el sector rural.
En cuanto a la política nacional de ciencia, tecnología e innovación para el sector agroindustrial, vale la pena mencionar un estudio publicado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en el que se concluye que los esfuerzos económicos en estas actividades son muy bajos. Tanto es así que Colombia invirtió en 2019 el 0,28 % de su PIB en Investigación y Desarrollo (I&D), incluidos los sectores a nivel nacional, lo cual es muy bajo comparado con, por un lado, la meta que se trazó el Gobierno para el 2022 de 0,7 % del PIB y, por el otro, la realidad de América Latina en la que se invierte en promedio 0,64 % del PIB. Para los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) esta inversión en I&D fue de 2,37 % para 2019, por consiguiente, Colombia se debe fijar un plazo realista para alcanzar una inversión del 1 % del PIB en I&D.
No obstante, cuando se observa, particularmente, la inversión en I&D para el sector agropecuario, se puede advertir que en 2018, según una información publicada por Agrosavia en su Boletín de Indicadores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Colombia invirtió 0,83 % de su PIB sectorial en investigación y desarrollo. Esto es más alto que el promedio nacional, y superior a otros sectores, pero sigue siendo muy bajo si se hace referencia a los estándares internacionales.
Desafortunadamente, el país no tiene una meta clara ni definida sobre cuánto debería invertir en I&D para el sector agrícola, pero se estima que debería ser de, aproximadamente, el 1,5 % del PIB sectorial. Hoy se propone que se hagan todos los esfuerzos necesarios para alcanzar estas proporciones en un horizonte no mayor a cinco años.
De otro lado, las conexiones entre la academia y la empresa privada son hoy, más que nunca, vínculos que se deben fortalecer en el sector agrícola. Por esto, habrá que mejorar los incentivos actuales en las profesiones del agro en términos de alianzas con el sector privado y en el pago y reconocimiento social que se les da a los estudiantes y profesionales de estas áreas.
Se recomienda que no solo se articulen en este sentido las universidades nacionales, sino que se propenda por establecer convenios educativos internacionales para fortalecer el componente técnico de la formación universitaria en áreas afines a la vocación agrícola.
En este sentido es aconsejable, asimismo, promover el agro con una visión de desarrollo empresarial que se entienda como el componente principal de la cadena alimentaria y de salud. Esta visión integral es fundamental, por lo que se propone que se transite del enfoque técnico especializado de algunos centros de investigación a una visión global del sector desde la propia universidad.
VISIÓN TRANSVERSAL
A lo largo del trabajo desarrollado en el marco de esta iniciativa, surgieron algunos asuntos transversales que impactan la cadena agroindustrial. El primero es la necesidad de que el país impulse una política industrial moderna para el sector agropecuario. En el mundo actual, los casos de éxito en este sector han surgido de apuestas de país a largo plazo, como es el caso de Chile, Perú y Brasil. Por esto será fundamental diseñar un mecanismo de definición de los sectores a impulsar decididamente, pero siempre teniendo en cuenta que estos estarán acotados a unos pocos para sacar el mayor provecho de una iniciativa de este tipo. Lo anterior redundará en un plazo no muy largo en incrementos de las exportaciones agrícolas de Colombia. Además, no se debe olvidar que el país debe estar preparado para atender los efectos futuros en la agricultura que ocasionará el cambio climático, así como continuar consolidando la construcción de una paz sostenible en el territorio nacional.
Un segundo tema para resaltar es el relacionado con la seguridad alimentaria del país. Más aún, es imprescindible que los avances que se hagan en este sentido tengan una visión amplia y cubran temas de sanidad alimentaria. Hoy se cuenta con muchas oportunidades de mejora en el país, desde lo micro hasta lo más general, para hacer de esto una realidad.
Los supermercados y plazas de mercado deben exigir calidad e inocuidad. Multinacionales como Nestlé ya tienen este enfoque prioritario, donde la alimentación y la buena salud forman parte de su oferta de valor.
En conclusión, el sector agrícola tiene la posibilidad de desarrollar coyunturas del más alto nivel empresarial, independientemente del tamaño del productor. Pero para lograr el objetivo hace falta cambiar el imaginario del campo y trabajar por transformarlo en un sector atractivo para los habitantes de las zonas rurales como urbanas, dado el enorme potencial de desarrollo corporativo y generación de riqueza que representa.
En INALDE somos conscientes de la necesidad de involucrarnos en la transformación de los sectores clave para el desarrollo de Colombia.
Por esto creamos DECA, un programa para conectar a los actores de la cadena Agroempresarial en un ambiente que promueve la reflexión, el desarrollo y el crecimiento, a partir de la consolidación de sinergias que redunden en una mayor competitividad sectorial. DECA DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN LA CADENA AGROEMPRESARIAL.
Tras un año de adaptación a la pandemia, hemos experimentado disrupciones aceleradas en el comportamiento de clientes y consumidores. Además, nos hemos visto forzados a replantear nuestra estrategia y repensar la forma de hacer negocios.
Estos cambios han robustecido la necesidad de incrementar la competitividad en toda la cadena agroempresarial de Colombia. Por tanto, se hace indispensable lograr mejoras en producción, transporte, transformación, tecnología y distribución, entre otras. Para lograrlas es fundamental la participación de todos los actores de la cadena y crear las sinergias que una tarea de esta magnitud exige.
Hacer realidad este proceso de transformación en las empresas requiere de directivos idóneos, preparados y actualizados, capaces de generar reflexión y discusión, con disposición para adoptar nuevas perspectivas y asimilar tendencias de vanguardia.
Un frente fundamental en el que venimos trabajando, a partir de diferentes aproximaciones, es el sector agroempresarial. Donde hemos convocado a la alta dirección de las empresas del sector, asociaciones y entidades gubernamentales a trabajar en ejes temáticos clave, y hemos identificado frentes de acción que se deben gestionar con urgencia, como la necesidad de impulsar a empresas y empresarios del sector a que mejoren sus habilidades gerenciales para conseguir un crecimiento sostenido de sus negocios.
Como respuesta, INALDE presenta su programa sectorial “DECA – Dirección de Empresas en la Cadena Agroempresarial: estrategias y sinergias para afrontar los retos cada vez más apremiantes de la competitividad del sector”, un espacio de formación de directivos en temas fundamentales para la adecuada gestión de empresas de la cadena agroindustrial.
