Camilo Enciso Vanegas, director del Instituto Anticorrupción, abogado panelista e internacionalista y máster en leyes, se reunió con Alejandro Moreno Salamanca, director general de INALDE, en el campus de INALDE Business School.
Camilo redactó la Ley de Lucha contra el Contrabando, la Ley Antisoborno, el Decreto que reformó el régimen de contratación con entidades sin ánimo de lucro, y el Decreto que regula la categoría de Personas Expuestas Políticamente, entre otras normas.
Es abogado penalista e internacionalista de la Universidad del Rosario y máster en leyes de la Universidad de Columbia. Ocupó el cargo de Secretario de Transparencia de la Presidencia entre 2014 y 2017 y ha sido profesor de derecho penal, financiero y delitos contra la administración pública en varias universidades del país.
Tiene experiencia en materia de comercio exterior, derecho aduanero, derecho penal, prevención de la corrupción (compliance) y gobierno corporativo. En la actualidad es consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID y la Comisión Europea en temas de integridad y prevención de la corrupción, en México, Argentina, Honduras y el Salvador.
Cabe resaltar que Alejandro Moreno formó parte del panel de expertos del proyecto “Laboratorio Integridad 100: Acelerador de Ética Empresarial”, impulsado por el Instituto Anticorrupción. Una iniciativa que tiene como objetivos evaluar los sistemas de cumplimiento antisoborno de las empresas, diagnosticar sus fallas más notorias, acelerar el cambio y cerrar las brechas de lo que está mal y reconocer públicamente a las empresas que logren superar el umbral de integridad.
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Además, es importante mencionar que el pasado 16 de enero de 2020 el Instituto Anticorrupción y el International Institute of Corporate Ethics and Compliance (IIEC) firmaron un convenio internacional de colaboración, en el cual se prioriza el intercambio académico en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.
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El Instituto Anticorrupción es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2018 que tiene como objeto la detección, investigación y análisis de las causas y efectos de la corrupción, violaciones a la ética, el abuso de poder y la falta de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la administración pública y en el sector privado, a nivel nacional e internacional, con el fin de proponer soluciones integrales y multidisciplinarias orientadas a su erradicación y a la mitigación o control de los riesgos asociados a dichos comportamientos.
